WASHINGTON DC (EFE).- En un fallo
polémico y apoyando la petición del gobierno de Trump, cualquier persona
extranjera con algún cargo criminal puede ser expulsado de ese país
La Corte Suprema de Justicia
estadunidense decidió por cinco votos a favor y cuatro en contra, que el
gobierno puede detener y deportar inmigrantes legales por delitos que hayan
cometido, incluso si ocurrieron tiempo atrás, en aval a la postura del gobierno
de Donald Trump.
El fallo señala que esas personas
no tienen derecho a una audiencia de fianza ni a la posibilidad de una nueva
liberación, en tanto que el Departamento de Seguridad Nacional lleve su caso
para conducirlo a la deportación, reportó la cadena Univisión.
La ley de inmigración ordena al
gobierno que detenga nuevamente a esas personas cuando sean puestas en
libertad, mientras un tribunal de inmigración decide si deben ser deportadas,
aun en el caso de que se trate de residentes legales.
Un
fallo polémico
El fallo, que cita una disposición
legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito, quien dijo que tal ley
exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que cometieran delitos
"incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto
castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos
fiscales".
Alito detalla que "estos
extranjeros deben ser arrestados 'cuando (sean) liberados' de la custodia por
cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se
resuelva la cuestión de su remoción (del país)". Este fallo revirtió una
decisión de 2016 del noveno Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados
Unidos, con sede en San Francisco.
Abogados de migración indicaron que
los jueces conservadores de la Corte se pusieron del lado del gobierno de
Trump, que se opone a las audiencias para los condenados por delitos. La Unión
de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) citó el caso de uno de los
principales demandantes, Mony Preap,
quien fue residente permanente legal en Estados Unidos desde 1981 y tiene dos
condenas por posesión de marihuana, fue liberado en 2006 y apresado por las
autoridades de inmigración hasta 2013.
Deportaciones
inmediatas
Los abogados de Preap argumentaron que, según la
interpretación de la ley por parte del gobierno, aunque los procesados puedan
demostrar al juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán
detenidas igualmente.
"Este fallo da otra
herramienta al ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) para detener y deportar a
personas que están legales en Estados Unidos y que cometen un crimen o que lo
cometieron hace mucho tiempo", sin tener derecho a fianza, explicó el
abogado Ezequiel Hernández.
El problema es especialmente grave
para las llamadas ciudades santuario, que se rehúsan a cooperar con los pedidos
de las autoridades federales de mantener a inmigrantes en prisión, hasta que
lleguen los funcionarios de migración.
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