NEW HAVEN.- El inmigrante Jose Maria Islas regresó a
Connecticut, el viernes pasado, después de que la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), lo liberó de la
cárcel de Massachusetts, mientras dura el proceso de la apelación de una orden
de deportación.
Islas, visiblemente cansado pero al mismo tiempo
feliz, se encontraba en las escaleras de New
Haven People’s Center, acompañado por un pequeño grupo de simpatizantes,
quienes realizaron una manifestación en su honor.
El inmigrante, quien ha residido en los Estados
Unidos desde 2005, después de ingresar de manera indocumentada al país, se
encontraba en un centro de detención en Boston con otros inmigrantes sin
papeles, quienes también se encuentran en proceso de deportación.
Megan Fountain, voluntaria de la organización Unidad
Latina en Acción, acreditó la liberación de Islas, a la presión pública sobre
los funcionarios del ICE, gracias a más de 3 mil personas quienes con sus firmas
pidieron justicia para el inmigrante, además de la intervención de los
senadores federales Richard Blumenthal y Chris Murphy (D-CT).
“Este movimiento comenzó de a poco y se ha hecho más
grande para bienestar del inmigrante”, comentó Fountain.
“El caso de Islas es escuchado por el Department of Justice’s Board of Immigration
Appeals. Si la Junta se niega a anular los esfuerzos para deportar Islas,
el caso será llevado a la U.S. 2nd
Circuit Court of Appeals, indicó la activista.
La liberación Islas se produjo el mismo día que el
gobernador Dannel Malloy firmó la Transparency
and Responsibility Using State Tools (TRUST) Act.
Esta legislación procura desalentar a las fuerzas del
orden de detener a los inmigrantes indocumentados cuando denuncian delitos, ya
sea como testigos o víctimas, para que puedan hacerlo sin temor a ser
deportados. El acto lo hace mediante la colocación de límites en el programa
federal Comunidades Seguras, que obliga a los funcionarios encargados de hacer
cumplir las leyes locales y estatales de compartir información biométrica, como
huellas dactilares y el estatus migratorio de las personas detenidas, detalló
el informe.
“El gobernador ha sido un partidario de una reforma
migratoria integral", aseguró Andrew Doba, portavoz de Malloy, quien
agregó que "todo lo que hace es
extender a nivel local lo que ha sido la política de aplicación de la ley
estatal”.
El informe detalló que el inmigrante fue puesto en
proceso de deportación cuando en un lunch break, fue detenido por la policía, que en ese momento buscaba a dos hombres
latinos que habían robado una bicicleta. Después de que José María pasó cuatro
meses en la cárcel, el juez llegó a la conclusión de que se trataba de un caso
de identidad equivocada, y los cargos fueron desestimados, sin embargo, debido
a que ingresó de manera indocumentada a los Estados Unidos, en varias
ocasiones, hace ocho años, las autoridades le manifestaron que tenía que
abandonar el país.
José María espera para ir en las próximas horas a
Washington para unirse a otros inmigrantes afectados por las políticas de
aplicación, para pedir al presidente Obama detener las deportaciones, finalizó
el comunicado.
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